La Agencia de Fronteras resuelve una demanda por discriminación masiva de funcionarias embarazadas

En virtud de un acuerdo de $45 millones alcanzado el 12 de agosto de 2024, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP) ha acordado introducir cambios significativos en sus políticas de empleo para resolver una demanda colectiva. La demanda describe cómo la agencia discrimina regularmente a las empleadas embarazadas, afectando negativamente a sus carreras y marginándolas de ciertas oportunidades o ascensos.

Una vez finalizado, el acuerdo obligará al CBP a formar a todos los directivos y supervisores sobre los derechos de las empleadas embarazadas y a elaborar una nueva política para las mujeres embarazadas. Durante los próximos tres años, la agencia será supervisada por los abogados que representan a las mujeres para garantizar el cumplimiento de estas nuevas normas.

La demanda explica cómo el CBP negó la igualdad de trato a cientos de empleadas una vez que revelaron su embarazo. Según Yahoo News, muchas de estas mujeres fueron trasladadas a puestos diferentes, como funciones administrativas o de secretaría, aunque sus funciones actuales no fueran físicamente exigentes. Para muchas de ellas, los nuevos puestos no guardaban relación con las aptitudes que habían desarrollado y les restaron oportunidades de promoción profesional.

Roberta May Gabaldon, especialista en agricultura de la agencia, explica cómo se vio obligada a cambiar de puesto tras revelar su embarazo a sus compañeros. Según Gabaldon, cuando su jefe se enteró de su embarazo, le dijo: "Tienes que irte. Tienes que conseguir una nota sobre tu embarazo, y tienes que hacer trabajos ligeros". Desde que se unió a la demanda, Gabaldon está preocupada por las represalias, ya que sigue trabajando en la división de formación de El Paso.

Alrededor de 1.000 mujeres que trabajaban en la Oficina de Operaciones de Campo, la mayor división de la agencia, se han unido a la demanda. La mayoría de estas mujeres siguen trabajando en el CBP. Como se alega en la demanda, el comportamiento del CBP viola múltiples leyes, incluyendo la Ley de Discriminación por Embarazo de 1978 y la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas.

También se acusa a la agencia de asignar automáticamente a las empleadas embarazadas a trabajos ligeros, mientras que a las empleadas discapacitadas sólo les proporciona este tipo de trabajo cuando lo solicitan.

El CBP, sin embargo, niega haber actuado mal. Según una portavoz de la agencia, el CBP ya forma a sus empleados sobre las políticas relativas a las empleadas embarazadas. Erin Waters, la portavoz, subraya la importancia de estas políticas al afirmar: "Somos mejores gracias a estas mujeres fuertes, capaces y resilientes que están sirviendo a todos los niveles, dentro y fuera del uniforme."

La demanda pone de relieve la tendencia del CBP a pasar por alto las preocupaciones de las empleadas sobre las difíciles condiciones de trabajo. A pesar de las críticas generalizadas, la agencia aún no ha abordado eficazmente los problemas de maltrato a los que se enfrentan las empleadas embarazadas.