Robert A Bruno, un juez de Long Island, ha sido demandado por acosar sexualmente a una antigua empleada entre 2011 y 2016. Como tantas mujeres acosadas por su superior, Tricia Moriates sentía que no podía dejar su trabajo porque era el principal sostén de su hogar.
Tras cuatro años de acoso sexual, Moriates preguntó a sus supervisores si podía empezar a trabajar desde casa. Por miedo a perder su empleo, no mencionó el acoso, por lo que su petición fue denegada. Fue entonces cuando Moriates empezó a sentir aprensión cada vez que tenía que ir a trabajar. En el trabajo, empezó a encerrarse en su despacho para sentirse segura.
Según la demanda, Moriates no sólo ha sufrido una pérdida de ingresos y de acceso a su pensión, sino que también ha incurrido en importantes costes legales, angustia emocional y humillación. Además, sigue sufriendo daños en su reputación personal y profesional. Un portavoz del juez mantiene que, por el momento, se trata sólo de alegaciones.
¿Prueba esto que el acoso sexual no tiene límites en nuestra sociedad? Si un juez puede hacerlo, cualquiera puede.